Pero... ¿Manos Unidas está en Panamá? Nuestro compañero Waldo Fernández, del departamento de proyectos en Centroamérica, responde en este artículo a la pregunta que suelen hacerle cuando comenta que ha estado en Panamá, en un viaje de seguimiento de los proyectos que apoyamos desde Manos Unidas en ese país.
Pero... ¿Manos Unidas está en Panamá? Nuestro compañero Waldo Fernández, del departamento de proyectos en Centroamérica, responde en este artículo a la pregunta que suelen hacerle cuando comenta que ha estado en Panamá, en un viaje de seguimiento a los proyectos que apoyamos desde Manos Unidas en el país americano. Es como si nadie se esperase que Manos Unidas esté presente en Panamá.
Panamá no es país prioritario para la mayoría de los organismos de cooperación y para las ONGD. El motivo quizá sean los elevados niveles de la renta per cápita y de crecimiento, que presenta el país, y esa imagen de cierta estabilidad económica (pese a que su deuda externa por habitante es una de las más altas del mundo). Pero en Manos Unidas nos fijamos en la situación de los grupos humanos concretos y, en ese sentido, Panamá tiene importantes sectores de población sumidos en situaciones de extrema pobreza.
Por eso, apoyamos proyectos encaminados a garantizar la seguridad alimentaria de los pobres, y a aumentar sus ingresos (mejorar la producción, organización y comercialización en línea agroecológica), además de fortalecer la prestación de servicios, sobre todo en aspectos preventivos en el área de la salud y salubridad, allí donde éstos son muy débiles o donde no llega la acción estatal, y la organización comunitaria y el liderazgo social para el desarrollo.
Visto así, no es tan raro que Manos Unidas apoye proyectos en Panamá ¿no?
Panamá es un país muy pequeño, situado en la cintura de América, de apenas 77.000 kilómetros cuadrados y unos tres millones y medio de habitantes. Su Producto Interior Bruto (PIB) per capita, que supera los 13.000 dólares, es notablemente superior al de sus países vecinos. En años recientes, el crecimiento del PIB ha sido espectacular, girando en torno al 7% u 8% anual.
Desde principios de los 70, el país fue promocionado como un gran centro bancario internacional. De hecho, en la ciudad de Panamá hay enormes edificios que la sede de los 110 bancos más importantes del mundo. Además, en años recientes se ha producido una extraordinaria actividad en la construcción, con docenas de nuevas “torres” destinadas a oficinas, hoteles y viviendas. Muchas de estas edificaciones nunca tendrán un nivel de ocupación significativo, quizá porque el lavado de dinero fuera el verdadero motivo para su construcción.
Al tiempo, Panamá es uno de los países con peor distribución de la riqueza del mundo. Los más pobres son muy pobres y los más ricos son muy ricos.
Más de un millón de personas (el 32,7% de la población) viven bajo la línea de pobreza; y de éstos, casi medio millón (el 4,4%) viven en condiciones de extrema pobreza (*). Pero en las áreas rurales indígenas esos porcentajes se disparan al 98,4% y 90%.
Su localización convierte a Panamá en ruta de tránsito para la mayor parte del mundo. La navegación por el canal y las actividades comerciales y financieras ligadas a ella son el eje de la economía.
Cuando en los inicios del siglo XX, la administración estadounidense decidió construir el Canal de Panamá, promovió previamente la independencia del país, que hasta entonces era una provincia de Colombia. La vida del país giró desde entonces en torno al Canal y a la reivindicación de la soberanía de Panamá sobre él; golpes de Estado e invasiones militares decoraron esa problemática, hasta que en 1977 los presidentes James Carter y Omar Torrijos acordaron que Panamá recuperaría su soberanía sobre el Canal el 31 de diciembre de 1999, junto con los bienes y áreas aledañas.
Las instalaciones propiamente del Canal, revertidas el 31 de diciembre de 1999, fueron valoradas en 30.000 millones de dólares. Además, fueron revertidas 94.000 hectáreas aledañas al Canal, con unos 7.000 edificios e instalaciones con un valor estimado en otros 4.000 millones de dólares.
La recuperación de esos activos no representó ningún beneficio para los sectores tradicionalmente excluidos, como los campesinos e indígenas. Tampoco les reportará nada la ampliación que se está haciendo del Canal, con un tercer juego de esclusas que permitirán transitar por él a los busques más modernos. La protesta popular motivó un cambio en el diseño tecnológico de la obra, más respetuosa con el medio ambiente. Las nuevas instalaciones serán inauguradas en 2014, coincidiendo con el centenario de funcionamiento del Canal.
Por otro lado, las políticas económicas de las décadas recientes, impuesta por los organismos financieros internacionales (privatizaciones de empresas y servicios, apertura de mercados, liberalización-flexibilización del mercado laboral, disminución del gasto público, y similares) significaron la desarticulación de la economía nacional y el aumento progresivo de la pobreza. Se debilitaron los sectores productivos, agropecuarios e industriales, se encarecieron los costos de los servicios, se concentraron aún más los ingresos en pocas manos, y se deterioraron condiciones de vida y la equidad social.
Muchos campesinos han migrado a las ciudades o al extranjero. La producción de alimentos es deficitaria; cada año deben importarse miles de toneladas de arroz, grano básico en la alimentación de los panameños. El desempleo abierto es del 14%, y otro 40% de la población trabaja en el sector informal.
Hoy coexisten en Panamá, casi sin rozarse, dos países: El Panamá del Canal y las zonas revertidas, de la zona de libre comercio y de la zona financiera de la ciudad de Panamá. Y el otro Panamá –el muy otro- el campesino e indígena, que cada día ve aumentar su vulnerabilidad. La situación es más difícil para los indígenas, que son el 13% del total de la población. En la Comarca Indígena Ngöbe-Buglé, al occidente del país, el 98% de la población vive en situación de pobreza, y 90% en extrema pobreza; el analfabetismo en los hombres es del 40% y el de las mujeres el 55%; el 70% de la población carece de servicios sanitarios, y la subnutrición afecta al 56% de las personas… El propio Banco Mundial ha calificado de “abismal” la desigualdad, y el gobierno panameño reconoce que la pobreza es “masiva y profunda“. Además, las mujeres padecen mayores porcentajes de analfabetismo y reciben menos ingresos que los hombres; uno de cada cuatro hogares está bajo la única responsabilidad de la mujer.
El país se encuentra hoy traumatizado por las concesiones mineras e hidroeléctricas a favor de compañías multinacionales, que disfrutan de todo tipo de exoneraciones. Esas concesiones se dan en el marco de las políticas neoliberales de transnacionalización de las economías y del traslado de las grandes corporaciones mineras a los países pobres, con débil legislación ambiental.
La explotación minera a cielo abierto de oro, plata, cobre y otros metales, es la más destructora y contaminante de todas y reduce a 35 años el promedio de vida de los mineros. Según las leyes, sólo dejará en el país el 2% de las ganancias brutas. Las represas para la producción hidroeléctrica captan toda el agua del río y la canalizan hasta las turbinas, varios kilómetros abajo, dejando el cauce del río seco, con la consiguiente destrucción de la vida piscícola, la afectación a la agricultura y ganadería y, sobre todo, a la vida humana de las comunidades de la zona…
En varias zonas del país, en especial en las comarcas indígenas, la gente vive bajo la incertidumbre del desarrollo de esos proyectos hidroeléctricos y mineros, que amenazan con desplazarla o quitarle sus tierras. Y hay toda una movilización popular contra esas medidas, que ha obligado en algunos casos a dar marcha atrás a las multinacionales y al gobierno, que, torciendo la ley o con la represión policial, intenta restringir los derechos indígenas.
“No toda inversión es deseable”, dijeron los obispos panameños a principios de 2011, aludiendo a esas actividades mineras e hidroeléctricas, que calificaron como “la mayor amenaza para la sostenibilidad ambiental en la región”
Mientras tanto, y desde hace varios años, el gobierno tiene algunos programas para repartir subsidios a las familias más pobres. El programa “Red de Oportunidades” entrega a cada familia pobre 50 dólares al mes para ayudarle a sufragar los gastos de salud y educación de sus hijos. Y el programa “100 para70”regala 100 dólares al mes a las personas mayores de 70 años… ¿Migajas?
