Manos Unidas se hace eco del comunicado emitido por la Red de Entidades Privadas al Servicio de los Pueblos Indígenas (REDEPSI) que denuncia el creciente deterioro del tratamiento de las cuestiones indígenas por parte de las instituciones públicas.“Con indignación y profundo desaliento, se asiste hoy a las acciones del órgano estatal INDI, rector de la política pública destinada a los pueblos indígenas", señala el informe.
Declaraciones y gestiones del representante del Ejecutivo nacional al frente de la entidad, señor Rubén Quesnel, configuran un panorama de graves retrocesos para las garantías que requieren los derechos de comunidades indígenas, amenazadas tanto en el chaco como en la Región Oriental del país.
El paso de los recientes meses no ha hecho más que corroborar las aprehensiones sobre el accionar del INDI: sostenidos, y publicitados, intentos de compra fraudulentas de tierras; nula participación en la políticas públicas de los Pueblos Indígenas garantizando su consulta y participación; desprotección de comunidades a las que se coloca en absoluta vulnerabilidad, como el último desalojo que sufrieran los Avá Guaraní de Yva Poty en Canindeyú, situaciones éstas que vienen violentando sistemáticamente los derechos humanos de estos pueblos.
El último hecho, denunciado ante las autoridades correspondientes y a la opinión pública, la venta de las 25.000 has. de tierras asiento de la comunidad Ayoreo Cuyabiá constituye el mayor retoceso en la historia moderna de Paraguay en materia de derechos de los Pueblos Indígenas: la venta de tierras indígenas de parte del ente llamado a protegerlas.
El hecho en sí, resultaría no sólo violatorio del artículo 64 de la Constitución del Paraguay, de la Ley 904/81 y de la jurisprudencia internacional, como instrumentos que otorgan el marco jurídico en el cual debe desarrollarse las acciones del Estado sino que constituyen en sí, la negación total de los derechos humanos de los Pueblos Indígenas y el desconocimiento más absoluto sobre el vínculo cultural y esencial que los indígenas desarrollan en su territorio. Lo anterior, perpetrado por el presidente de la institución principalmente responsable de dar cumplimiento a los Derechos de los Pueblos Indígenas es el indicador más claro de la degradación en la que se encuentra el Estado Paraguayo en la materia.
Como REDESPI, no ahorraremos esfuerzos para buscar la verdad de los hechos denunciados y anunciamos que acompañaremos cada una de las acciones comunicacionales y judiciales incoadas por los Pueblos Indígenas. Alentaremos la identificación de cada uno de los responsables directos de estos lamentables hechos, que amparados en sus cargos públicos han quebrantado la Constitución Nacional, Convenios Internacionales y Leyes específicas que ampara a los Pueblos Indígenas del Paraguay, y en especial hoy a la violentada Comunidad Ayoreo Cuyabiá, para que los mismos sean sancionados como corresponde.
Instamos a la sociedad toda, a la comunidad internacional y a los órganos de control de derechos humanos regionales e internacionales a no permanecer pasivos ante lo denunciado y a sumar esfuerzos en procura de instituir el estado de derecho, cautelando las garantías que la norma establece para los pueblos indígenas en el Paraguay”.
