La pasada semana, el mundo entero se hacía eco del llamamiento de las Naciones Unidas que pedía a la comunidad internacional una ayuda urgente a Haití, el país más pobre de América, devastado por el terremoto de enero de 2010. Cuando queda poco tiempo para que se cumpla el tercer aniversario del seísmo, gran parte de la población sigue retenida en campamentos o en terrenos de ámbito privado, amenazados por órdenes de desahucio.
El subsecretario general de Derechos Humanos del organismo internacional, Ivan Simonovic, tras una visita de cuatro días la isla, alertó sobre el momento crucial que allí se vive: “Si se dan los pasos correctos en una serie de temas clave, hay posibilidades de que Haití progrese, pero al mismo tiempo existe riesgo de retroceso. Los nuevos esfuerzos para alcanzar el desarrollo del país deben centrarse en los Derechos Humanos y en asegurar que los beneficios serán disfrutados por todos, y en particular, por los más pobres”.
Manos Unidas, que lleva más de 32 años trabajando por el desarrollo de Haití, y que destinó el importe íntegro del Premio Príncipe de Asturias de la Concordia a un proyecto para la reconstrucción necesaria tras el terremoto, unido a toda la labor apoyada desde enero de 2010 (ver vídeo), sigue recibiendo peticiones de ayuda a proyectos concretos.
En este sentido, y haciendo hincapié en el desarrollo de los Derechos Humanos solicitado por Naciones Unidas, nuestra organización ha aprobado un nuevo proyecto de capacitación para la promoción de éstos, en apoyo a la Comisión Episcopal Nacional Justicia y Paz (JILAP), una institución de voluntarios de la Iglesia católica de Haití que, desde hace más de 30 años, trabaja en el ámbito de la promoción de la dignidad de las personas y de sus derechos.
Dentro de su plan estratégico para los próximos dos años, se pondrá en marcha la realización de Asambleas diocesanas anuales, a través de las cuales se fortalecerán las comisiones parroquiales mediante la capacitación de sus miembros, creando equipos de observación de las violaciones de los derechos humanos y las grandes injusticias, de acompañamiento de las víctimas y para la reforma de la justicia.
Cada año, 650 personas se beneficiarán de la capacitación y formación, personas humildes que formalizarán su compromiso social a través de la participación voluntaria en sus comisiones parroquiales para mejorar, primero sus comunidades, y luego, todo el país.
