Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.
Haití, con sus 11 millones de habitantes, es el país más pobre de América. En años recientes ha pasado por toda clase de crisis políticas, desórdenes sociales y catástrofes naturales. Las autoridades -nacionales e internacionales- llevan a cabo iniciativas para luchar contra la corrupción y mejorar la justicia, a favor de la seguridad o por la reforma de la Constitución, pero hasta el momento resultan ineficaces.
En efecto, a pesar de estos esfuerzos, los índices de violencia, inseguridad y corrupción siguen incrementándose, afectando en mayor medida a menores y mujeres. Esto define un cuadro político y social con una mayoría de la población viviendo en condiciones infrahumanas y privada de sus mínimos derechos sociales y económicos.
Asimismo, los conflictos relacionados con la tierra no se reducen y generan episodios violentos que se suman a la degradación del medio ambiente que amenaza la vida de toda la población. La justicia no funciona, el sistema educativo no motiva a los jóvenes para que contribuyan a cambiar la sociedad y la miseria y marginación provocan nuevas formas de violencia, especialmente contra las mujeres. El Estado, por acción o negligencia, es responsable en muchos casos de estas violaciones a los derechos humanos y se muestra incapaz de dar una respuesta y generar una política clara que incluya normas, directivas y sanciones, como se ha podido comprobar en los recientes disturbios de julio 2018 provocados por el anuncio de un aumento en el coste de la gasolina.
La contraparte local, Comisión Episcopal Nacional Justicia y Paz (JILAP), es una institución de la Iglesia Católica de Haití que desde hace más de 30 años trabaja en el ámbito de la promoción de la dignidad de las personas y de sus derechos. Manos Unidas viene apoyando desde hace algunos años sus esfuerzos y ha comprobado en terreno la necesidad y eficacia de su trabajo. Su campo de intervención es todo el país, a través de 335 comisiones locales o parroquiales, 10 comisiones diocesanas y la coordinación nacional en Port-Au-Prince.
El proyecto está contribuyendo a fortalecer durante 24 meses el trabajo en la defensa de derechos humanos de todas sus comisiones a través de la mejora de la formación de sus miembros y la coordinación de las comisiones parroquiales, diocesanas y nacional. Para ello, se apoya la realización de 10 Asambleas Diocesanas anuales a través de las cuales se capacita a los miembros de las comisiones parroquiales y se mejora el funcionamiento de los equipos de coordinación, de observación de las violaciones de los derechos humanos y grandes injusticias, de formación, de acompañamiento de las víctimas y de construcción de paz.
Los beneficiarios directos son las 1.440 personas -voluntarios y activistas de todo el país- que forman parte de las comisiones, de las que el 40% son mujeres, que padecen en mayor medida la violencia e injusticia que se da en el país.
Perquè Mans Unides pugui dur a terme projectes com aquest.
