Manos Unidas participó, el pasado 2 de julio, junto a la firma de abogados Garrigues, en una jornada organizada por la Coordinadora de ONGD de España y el Centro de Responsabilidad Social de la Abogacía de Madrid, sobre la implantación de controles y canales de denuncia para la prevención de delitos y promoción de la ética en el sector de las ONGD.
Por Guillermo González de la Torre, coordinador de Estrategia y Calidad de Manos Unidas (*)
Irrumpió hace unos años un suceso en España que lleva trastocando la vida desde entonces a todas las empresas de nuestro país. Debido a una reforma legal, éstas deben vigilar de cerca si sus empleados pueden cometer un delito y comprobar si existen suficientes controles para evitarlo. Si no lo hacen, y aunque no hubieran participado en tal delito, los administradores y directivos pueden ser llamados a juicio y pueden ser condenados, aunque con una pena distinta y menor. Eso sí, se debe demostrar antes que la empresa ha podido obtener un beneficio de algún modo, aunque sea indirecto. Es lo que se llama “responsabilidad penal de las personas jurídicas”.
Este fenómeno llegó a nuestro país después de sucesivas reformas del Código Penal en 2010 y 2015, aunque su respuesta ha sido lenta y a golpes. Para exonerarse de esta responsabilidad, los administradores y los directivos deben implantar sistemas de control interno destinados en exclusiva a conocer y prevenir la comisión de delitos en el seno de sus entidades. Estos sistemas han venido a denominarse programas de “cumplimiento normativo” o de “compliance” y están basados en metodologías relacionadas con el análisis de riesgo y la auditoría de procesos. Pero aún hay más. No solo son las empresas las que están obligadas a ello, sino también las asociaciones y fundaciones de cualquier tipo. Algo que también ha sacudido a todo el tercer sector, tanto de cooperación al desarrollo, como de acción social, paz o medio ambiente.
Mantenemos pautas y requisitos muy estrictos tanto con nuestros trabajadores como con nuestros socios locales. Tenemos implantados rigurosos controles internos que van desde criterios, políticas y procedimientos a diferentes autorizaciones, evaluaciones y seguimientos. Fruto de este compromiso son las diferentes auditorías externas a las que somos sometidas y que venimos superando con éxito desde el inicio, así como los diferentes reconocimientos que obtenemos tanto de instituciones públicas como de entidades privadas.
Con la responsabilidad penal que ahora nos exigen, tan solo debemos implantar un par de elementos nuevos que nos lleven a sistematizar estas prácticas y a introducir el análisis de riesgos como competencia normalizada y transversal en todas las personas que asumen alguna responsabilidad en nuestra organización. Asimismo, debemos recuperar los códigos de conductas que seguimos y crear un canal de denuncias, todo ello acompañado de formación y sensibilización interna, con el objetivo de reforzar y promocionar la ética que ya aplicamos en nuestra manera de proceder.
Las diferentes reformas legislativas, así como las expectativas cada vez más elevadas de nuestros socios y colaboradores, van incrementando en mayor medida el nivel de exigencia que afectan a muchos aspectos de nuestro funcionamiento. Aspectos que no son solo aquellos referidos al empleo de recursos económicos. Esto nos va obligando a que le dediquemos más atención a todo aquello relacionado estrictamente con la gestión y el control. Además, somos una organización activa e impulsora de diferentes iniciativas sectoriales con las que logramos que más entidades avancen con nosotras y eso ayude a que podamos operar en un espacio cada vez más seguro y profesionalizado.
(*) Manos Unidas forma parte del grupo de trabajo que la Coordinadora de ONGD de España lidera en nuestro país para implantar las prácticas de gestión relacionadas con el tema del compliance.
