Mesa redonda sobre los derechos humanos y el medioambiente en la región amazónica.
La Amazonía y la creciente preocupación internacional por la situación de los derechos humanos y el medioambiente en una región que alberga la mayor biodiversidad del mundo y en la que habitan 30 millones de personas, de las cuales 2,5 millones son indígenas, ha sido, hoy, protagonista de la mesa Redonda “Amazonía: la vida amenazada”, que ha tenido lugar en la sede de los Servicios Centrales de Manos Unidas.
Los tres expertos participantes en la mesa redonda, que visitan Madrid tras participar en el Sínodo Amazónico, han reflexionado sobre la situación actual en el llamado “pulmón del mundo” y las posibles vías de acción de cara al futuro, basándose en sus experiencias de trabajo junto a las poblaciones indígenas amazónicas.
Carlos García Paret, responsable de incidencia política de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España (CONGDE), moderador del encuentro, enumeró algunas de las grandes amenazas que, además de afectar a la biodiversidad de la región, considerada uno de los mayores reguladores del clima del planeta, ponen en grave riesgo la existencia de 400 pueblos indígenas diferentes, cuyo bagaje social y cultural, y su manera de entender la vida, son fundamentales para garantizar la vida y el futuro no solo en esa región de la Tierra, sino en el resto del mundo.
A pesar de que la Amazonía es la tercera gran reserva de recursos del mundo, no tiene, a día de hoy, ningún tratado que la proteja.
Esto lleva a que la región sufra las consecuencias de amenazas como el agronegocio, encabezado por la actividad ganadera y el cultivo de soja; la proliferación de infraestructuras, como carreteras y centrales hidroeléctricas; la industria extractivista, fundamentalmente la minería y el petróleo; el cambio climático y el impacto que todas estas actividades tienen en las comunidades afectadas, “que se traduce en amenazas y asesinatos de líderes campesinos e indígenas”, denunció el responsable de incidencia política de la CONGDE.
La imagen de un delfín rosado, especie que únicamente vive en los ríos de la Amazonía y que recientemente ha sido declarada en peligro de extinción por culpa de la contaminación derivada de la actividad minera que se lleva a cabo en la región, dio paso a la intervención de Pedro Sánchez, miembro de la Red Iglesias y Minería, que forma también parte de la REPAM (Red Eclesial Panamazónica).
La contaminación de las aguas y de la tierra con mercurio es, a juicio de Sánchez, una de las mayores amenazas para la vida en la Amazonía. Una contaminación con mercurio que es provocada por la actividad minera en la región.
Sánchez se refirió, también, a los desastres ocasionados por la práctica de la minería “a cielo abierto”, que hace que se rompan los diques y que los residuos tóxicos inunden campos, ríos y poblaciones. Como sucedió en Yurimaguas, en Perú, y más recientemente en la comunidad brasileña de Brumadinho, “donde podría decirse que más de 200 personas fueron asesinadas por la minería”, denunció.
“Porque el extractivismo es sinónimo de corrupción”, declaró Pedro Sánchez. “Claramente, es necesario extraer los metales para que haya desarrollo, pero no en estas condiciones –explicó- porque en América Latina, en los lugares en los que ha pasado la minería, ahora solo hay muerte, destrucción y pobreza”.
Alberto Franco, misionero colombiano, presidente del consejo directivo de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, apeló a la responsabilidad de todos en el cuidado del Planeta: “porque el mundo es uno solo y en él todo está conectado, por lo que o lo salvamos entre todos o entre todos acabamos con él”.
El religioso colombiano quiso centrar su intervención en las consecuencias que el conflicto colombiano ha tenido sobre las poblaciones indígenas y campesinas, a las que acompaña y apoya desde hace más de tres décadas.
La guerra y la violencia se explican muy bien cuando ponemos la lupa sobre la economía, porque la violencia está estrechamente relacionada con proyectos e intereses económicos.
En Colombia, siete millones de personas fueron desplazadas por el conflicto. Y a esos siete millones de personas “les quitaron ocho millones de hectáreas de sus tierras, que quedaron en manos de personas que tenían intereses en el conflicto –periodistas, políticos, militares, empresarios–”, señaló Franco. “Y esos terrenos se utilizaron para sembrar palma, aunque luego se descubrió que debajo de la palma, había oro, uranio y petróleo”, explicó del directivo de Justicia y Paz.
“Para muchas empresas es mucho más fácil corromper que trabajar legalmente -denunció el religioso-. Y eso pasó en Colombia, donde cuando bajó la intensidad del conflicto, empezó a aparecer la magnitud de la corrupción”.
Colombia tiene muy buenas leyes y leyes para todo. El único problema es que no se cumplen.
La hermana Lucero Guillén, que lleva 36 años de vida misionera en la Amazonía y desde 2012 coordina la Pastoral de la Tierra, una iniciativa del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, en Perú, hizo mención a los numerosos proyectos (infraestructuras, minería, eléctrica o cultivo de palma), dirigidos y planificados por el Gobierno, que se llevan a cabo en la Amazonía peruana y que afectan, principalmente, a los territorios indígenas.
“Durante mucho tiempo creíamos que a nosotros nos tenían olvidados, pero la realidad es que lo mejor era invisibilizar a los pueblos afectados por estos proyectos para poder seguir haciéndolos”, explicó la hermana Guillén.
No es que no se acordaran de nosotros, es que no querían que se hablara de nosotros.
El gobierno de Perú, es el encargado de implementar esos proyectos, que consideran de “interés nacional”, por lo que se imponen a los intereses de los pueblos indígenas. “Y en los lugares donde se llevan a cabo, al paso de los años, solo encontramos desastres”, lamentó la misionera. “Son los lugares más pobres, los que menos servicios tienen”, añade. Esa precariedad y esa pobreza extrema es lo que ha llevado a algunas comunidades a aceptar los proyectos que, al principio, parecían darles los suficiente para cubrir sus necesidades.
Algunos territorios indígenas fueron “titulados” hace años, “pero ahora tenemos que actualizar los cambios que se han producido en las mediciones para que las empresas no se aprovechen de la indefinición que hay”, explica la religiosa. El Gobierno ha dado préstamos para que se lleve a cabo esa titularización, pero eso no significa que los territorios sean realmente de estos pueblos. Los recursos naturales son patrimonio de la nación por lo que el gobierno viene a decir: “Yo los exploto. Este es tu suelo, pero lo que hay debajo, yo lo gestiono”, manifestó la hermana Lucero.
En su opinión la solución a todo esto es política, “pasa por un cambio de la constitución para que los territorios pasen a ser propiedad íntegra de las comunidades indígenas".
“Debemos proponer acciones concretas, investigar y protestar. Tenemos que mostrar que las acciones de las empresas de aquí tienen efectos allí”, propone Alberto Franco.
Por su parte, Pedro Sánchez hizo referencia a lo acordado en el Sínodo para la Amazonía que plantea “una conversión ecológica, de comportamiento y pastoral."
Además, tenemos que ver de dónde vienen los fondos de las empresas, saber donde invertimos, qué compramos para conocer así, cuan culpables somos de la degradación del planeta.
Mientras que para la hermana Lucero, es el momento de actuar y de reflexionar. “Tenemos que ser honestos. Hemos ‘fregado’ (comprometido) el futuro de las nuevas generaciones. Sentémonos a mirar la vida y a vivir”, propuso.
