El Instituto del Bien Común denuncia la violencia que sufren los pueblos indígenas.
Reproducimos por su interés este artículo escrito por Luis Hallazi, investigador del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas en Perú.
Marcelino Tangoa es el jefe de la comunidad nativa Unipacuyacu, del pueblo indígena kakataibo, ubicado en Huánuco, en la Amazonía peruana. Asumió el cargo tras unos meses de consternación y temor a causa del asesinato de Arbildo Meléndez en abril del 2020, el anterior jefe de la comunidad. Desde entonces, su objetivo sigue siendo el mismo: exigir a las autoridades que cumplan con la ley, que aseguren jurídicamente su territorio a través de títulos de propiedad colectiva y que reestablezcan la paz social en su pueblo.
Todo ello sigue sin cumplirse dos años y medio después. Las amenazas y la violencia continúan imperando en el territorio. Marcelino ha tenido que abandonar temporalmente su comunidad, sus compañeros soportar el asedio de intrusos y la profesora del único centro educativo, que se unió a los reclamos, tuvo que abandonar la comunidad tras un intento de asesinato.
El narcotráfico, en sinergia con otras formas de economía ilegal, está disputando el control del territorio amazónico.
El narcotráfico, en sinergia con otras formas de economía ilegal, está disputando el control del territorio amazónico. Los estragos de la pandemia COVID-19 y la débil institucionalidad estatal en zonas lejanas ha favorecido que la criminalidad se expandiera de forma violenta. Prueba de ello son los 18 asesinatos en la Amazonía en dos años y medio, una cifra record para el Perú. Ocho comunidades del pueblo kakataibo atraviesan la misma situación, pero el caso de Unipacuyacu es emblemático, ya que se trata de una comunidad cercada por el narcotráfico en la que, a pesar de la buena voluntad de algunas autoridades del gobierno central, los esfuerzos son insuficientes puesto que en la zona no imperan las normas del Estado, sino el poder económico del narcotráfico capaz de corromper a todas las autoridades que se opongan a sus objetivos.
Según el Ministerio de Desarrollo Agrario, existen 64 comunidades nativas sin títulos de propiedad que se encuentran en zonas de conflicto con similares amenazas e incluso en estado de emergencia, ya sea por el asedio del narcotráfico, por la tala, la minería ilegal o el tráfico de tierras. En definitiva, territorios comunales cercados por la criminalidad organizada.
En nuestro trabajo de acompañamiento a estas comunidades, hasta el momento no existe una respuesta gubernamental efectiva para dar seguridad a tierras indígenas donde existe un espiral de violencia. Los avances son exiguos y no se logran los objetivos de titulación de las comunidades ni la protección efectiva a las vidas de las personas defensoras amenazadas.
Los pueblos indígenas ya no son solo barreras para evitar la destrucción de los bosques; hoy son también la primera línea que se enfrenta a la criminalidad organizada, sin recibir ninguna ayuda pública ni estar preparados para ello.
Los pueblos indígenas ya no son solo barreras para evitar la destrucción de los bosques; hoy son también la primera línea que se enfrenta a la criminalidad organizada (Luis Hallazi, IBC).
Los resultados son claros: las víctimas del narcotráfico son pueblos indígenas: 11 de los 18 asesinatos son por esa causa. La presencia del Estado es urgente, pero antes, para operar en ese ámbito es necesario establecer protocolos de actuación en territorios indígenas donde exista narcotráfico u otro tipo de crimen organizado para evitar represalias. Si bien es urgente cerrar las brechas que existen en cuanto a servicios básicos, también es importante la permanencia de dichos servicios, así como establecer proyectos sostenibles que prioricen la economía indígena.
No se puede enfrentar por vías separadas la deforestación en la Amazonía para evitar el cambio climático, sin que exista una efectiva protección a la vida e integridad de los pueblos indígenas en territorios donde las economías ilegales se van imponiendo con violencia.
Luis Hallazi es abogado y politólogo, investigador del Instituto del Bien Común, socio local de Manos Unidas en Perú.