Una iniciativa de la Alianza de organizaciones católicas CIDSE.
Más de 160 líderes religiosos de todo el mundo, (entre los que hay hombres y mujeres responsables de congregaciones, obispos, miembros del clero y de instituciones religiosas internacionales, católicos, cristianos y líderes de otras religiones) se han unido en una declaración común en la que instan a la Unión Europea a adoptar un marco jurídico sólido para responsabilizar a las empresas de los impactos humanos y medioambientales que generen.
La Declaración de Líderes Religiosos es el resultado de años de trabajo por parte de la red de CIDSE, sus socios en África, América Latina y Asia y las comunidades con las que trabajan. Con el objetivo de frenar los abusos ejercidos por parte de las empresas, Manos Unidas, organización miembro de CIDSE, ha impulsado la suscripción a este posicionamiento a través de la red española «Enlázate por la Justicia» (Cáritas, Cedis, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y REDES) este posicionamiento que seguirá difundiéndose en estos meses en los que se trabaja en la UE la Directiva sobre Diligencia Debida de las empresas en materia de sostenibilidad.
En 2020, más de 230 obispos católicos de todo el mundo firmaron una declaración en la que pedían leyes obligatorias de diligencia debida para proteger los derechos humanos y medioambientales de las comunidades afectadas o en riesgo de ser afectadas por los abusos de las empresas.
En esta nueva declaración, otros grupos religiosos, muchos de ellos encabezados por mujeres, renuevan las anteriores peticiones y recalcan la importancia de aplicar medidas urgentes en materia de sensibilidad y responsabilidad empresarial.
Lee el posicionamiento con el listado de firmantes aquí
Organizaciones de la sociedad civil, sindicatos, movimientos sociales y ONG de Desarrollo, como Manos Unidas, llevan décadas reclamando a la Unión Europea y también en la ONU un marco legal fuerte que prevenga y mitigue los efectos perjudiciales de las actividades empresariales sobre las personas y el planeta.
El consenso internacional sobre el peligro de las actividades empresariales irresponsables ha derivado en la adopción de diversas normas voluntarias como los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos y la Guía de la OCDE de Debida Diligencia para una Conducta Empresarial.
Sin embargo, estas medidas han sido insuficientes y no han conseguido prevenir ni paliar los abusos de las empresas. Un ejemplo de ello es el derrumbe de la presa de Brumadinho en 2019, en el que murieron 270 personas y cientos de toneladas de residuos tóxicos anegaron comunidades, campos y ríos afectando a millones de personas.
La preocupación de la sociedad civil sobre este tipo de sucesos condujo a la creación de un paquete de medidas para introducir la diligencia debida en las empresas europeas. El principal elemento de ese paquete se presentó en febrero de 2022 y su contenido radica en materia de sostenibilidad.
Desde entonces, el Parlamento y el Consejo Europeo han adaptado posiciones sobre el expediente y en la actualidad el proyecto de ley se está negociando interinstitucionalmente.