Nueve de cada diez españoles apoya responsabilizar a las empresas de sus acciones.
En un desayuno para periodistas, la Plataforma por Empresas Responsables (PER) ha presentado una petición para que durante la Presidencia española del Consejo de la UE se apruebe la Directiva Europea sobre Diligencia Debida en materia de sostenibilidad.
Esta directiva obligaría a las empresas a prevenir, mitigar y reparar los abusos en derechos humanos y medioambientales que generen en el ejercicio de sus actividades. Además, garantizaría el acceso a la justicia de las víctimas de esos abusos.La petición se ha hecho pública en un momento clave, puesto que coincide con el inicio de la Presidencia española del Consejo de la UE y con el trílogo político que está negociando interinstitucionalmente la aprobación definitiva de la directiva.
La puesta en práctica de esta medida implicaría ampliar la lista de sectores considerados de alto riesgo en materia de diligencia debida (como las instituciones financieras y bancarias), impulsar la eliminación de las barreras legales para el acceso de las víctimas a la justicia y aplicar la directiva en toda la cadena de valor siguiendo los estándares internacionales.
Solo en España, según la encuesta de YouGov, nueve de cada diez ciudadanos está de acuerdo en que se obligue legalmente a las empresas a prevenir vulneraciones de los derechos humanos y a reducir sus emisiones contaminantes en el ejercicio de su actividad. En Europa, por otro lado, ocho de cada diez votantes pide una legislación europea fuerte sobre debida diligencia.Asimismo, más de cien organizaciones latinoamericanas y del Caribe se han unido para pedir a la nueva Presidencia española de la UE, a través de una carta conjunta, una ley contra los abusos de las multinacionales.
En España, menos de la mitad de las empresas del IBEX 35 (un 42 %) hace una identificación de riesgos de impacto en materia de derechos humanos. Esta falta de implicación por la mayoría de las empresas facilita que se produzcan desastres como el de la presa de Brumadinho en 2019 que dejó más de 250 víctimas mortales.
«No se trata de un problema local. Las víctimas de los abusos corporativos debemos tener igualdad de acceso a la reparación de los daños causados y a una justicia efectiva», señala Marina Paula Oliveira, defensora de derechos humanos y testigo del caso Brumadinho. «Es urgente establecer soluciones estructurales con el compromiso de todos los actores y todos los países», concluye.
La PER es una alianza de 20 organizaciones y plataformas que representa a más de 530 entidades sociales y una base social de tres millones de socios. Una de esas organizaciones es Enlázate por la Justicia, de la que Manos Unidas forma parte, participando de manera activa en la Plataforma.
La encuesta se ha llevado a cabo por la empresa YouGov Plc mediante un cuestionario online administrado aleatoriamente a un panel de más de 800.000 personas de distintos países europeos, seleccionando posteriormente la muestra de acuerdo con las características de cada país. En el caso español el tamaño total de la muestra fue de 1.072 adultos (nivel de confianza 95 %, con un error muestral de +/-3 %). Las cifras se han ponderado y son representativas de todos los adultos de España (mayores de 18 años). El trabajo de campo se llevó a cabo telemáticamente entre el 7 y el 9 de febrero de 2023.
