Los indígenas peruanos, firmes defensores de su territorio, sufren continuos ataques.
Desde 2020, Manos Unidas acompaña al pueblo kakataibo en las regiones de Huánuco y Ucayali. Nuestro apoyo se centra en el fortalecimiento de las comunidades para aumentar su capacidad de incidencia y de protección de sus vidas y territorios.
El tráfico de tierras, la tala, la minería ilegal, el narcotráfico, la deforestación y la violencia contra líderes indígenas son las grandes amenazas a las que se enfrentan los kakataibo en la actualidad.
La recogida y consolidación de información de primera mano, que forma parte de nuestros proyectos, es fundamental porque sirve de base para la construcción de estrategias de defensa territorial, encaminadas a la incidencia. Con eso, se busca visibilizar la relación directa que hay entre la desprotección del territorio indígena, las economías ilícitas y la violencia.
A partir de estas experiencias, se han realizado talleres de incidencia con las comunidades afectadas, brindando asesoría especializada para fortalecer sus procesos de defensa territorial y, sobre todo, plantear propuestas para su defensa a través de guardias indígenas, así como impulsando su participación en las políticas públicas nacionales para combatir las economías ilícitas.
El proyecto se lleva a cabo con la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (FENACOKA), que cuenta con más de 30 años de experiencia y reúne a nueve comunidades nativas kakataibo, cuyo líder actual es Marcelo Odicio Estrella.
«Las comunidades nativas, que somos la expresión de los pueblos indígenas en la Amazonía peruana, venimos luchando incansablemente para demandar la atención del Estado y obtener los títulos de propiedad comunal que nos corresponden por derecho y que contribuirán a mantener nuestra forma de vida y la supervivencia de nuestra identidad cultural como pueblos indígenas, que está íntimamente ligada a nuestro territorio y a nuestros bosques».
«Y también venimos luchando por la protección efectiva de nuestros hermanos indígenas que viven en aislamiento, apartados de la sociedad nacional; nuestros hermanos invisibles, los más vulnerables, que no pueden levantar la voz para defenderse ellos mismos», añade el líder kakataibo.
Pese a los avances experimentados, las políticas nacionales, regionales y locales destinadas a la protección de los defensores de derechos territoriales en la Amazonía, estos no aseguran la vida de dichas personas. Concretamente, las regiones de Huánuco y Ucayali presentan un escenario alarmante en el avance de estas economías ilegales.
La expansión de actividades extractivas —principalmente ilegales—, acompañadas de otras como la explotación de hidrocarburos y minería, así como grandes proyectos de infraestructuras hidroeléctricas y agroindustriales, son las políticas predominantes en todos los últimos gobiernos del Perú, incluyendo el actual gobierno de Dina Boluarte.
Estas políticas están provocando impactos ambientales devastadores, afectando y comprometiendo gravemente los ecosistemas de la Amazonía y el país en general.
Frente a esta situación, cada vez más pueblos indígenas, que son los habitantes ancestrales de la cuenca Amazónica, se ven obligados a asumir el rol de defensoras y defensores de sus territorios, poniéndose en primera línea de defensa del territorio —incluso a costa de su propia vida—, pues de ellos dependen los medios y modos que garantizan su subsistencia y la de sus generaciones futuras.
En la mayoría de los casos, las defensoras y defensores de la Amazonía deben arriesgarse, soportar amenazas, maltratos, hostigamiento e incluso la muerte y dedicar tiempo, esfuerzo y parte importante de su vida a la defensa del bosque Amazónico.
Este es también el caso de los pueblos indígenas que habitan los bosques de la selva central en Huánuco y Ucayali cuyos territorios vienen siendo invadidos por economías ilícitas, que han generado un espiral de violencia sin precedentes en dichas regiones.
Marcelo Odicio, actual Apu y perteneciente a la comunidad nativa Yamino, sita en la región de Ucayali, eleva un grito de auxilio ante la indefensión que sienten los protectores de la tierra amazónica:
«Nosotros sí estamos cuidando los bosques, ¿pero quién nos cuida a nosotros? Necesitamos que sea más amplia la visión que se tiene hacia el bosque, porque somos personas que resistimos, vivimos ahí, cuidamos, protegemos nuestro territorio, pero también necesitamos que se cuide a las personas que resistimos»
A nivel nacional, el tráfico ilícito de drogas en territorios de comunidades nativas en la Amazonía el 2022 se incrementó a 13.994,10 hectáreas, según información de DEVIDA.
María Rosa Montes —coordinadora del Área de Desarrollo Institucional y Comunicación del Instituto del Bien Común (IBC)— explica que la situación es especialmente dramática en Unipcacuyacu:
«Si bien las invasiones son comunes a todo el territorio Kakataibo, en Unipacuyacu, comunidad reconocida en 1995, ha perdido frente a invasores violentos casi íntegramente las 22 946 hectáreas solicitadas en titulación. Los comuneros se encuentran acorralados, literalmente, en un área de apenas tres hectáreas cercada por los invasores. Su precaria existencia transcurre bajo el implacable control de sicarios armados al servicio de poderosas mafias».
Al inicio de la pandemia, en abril del 2020, fue asesinado Arbildo Meléndez, el jefe de la comunidad Unipacuyacu, quien venía solicitando en diversos espacios, la titulación de su comunidad y denunciando la presencia de economías ilegales en su territorio. El asesinato de Arbildo inicio un espiral de asesinatos que, a día de hoy, no ha cesado, incluido el reciente presunto asesinato de Benjamín Flores. Esta situación se va extendiendo a otras comunidades, como las del pueblo Asháninka y Yánesha.
Luis Hallazi, investigador de derechos humanos y colaborador del IBC Perú, denuncia la dejación del Estado peruano para con los Kakataibo:
«El pueblo indígena Kakataibo viene sufriendo una ola de terror desde hace una década, con ocho líderes indígenas asesinados; cuatro de ellos, en los dos últimos años. Los crímenes recientes ocurrieron en el contexto de pandemia COVID-19, cuando en la zona se dio el repliegue, tanto del personal asignado por el Estado, como de los propios pobladores indígenas, dando lugar a un “vacío” que fue rápidamente aprovechado para el avance de actividades ilegales».
Para finalizar, queremos recordar que el conjunto del ecosistema amazónico en general, así como las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y los territorios indígenas en particular, son considerados por algunos como «la válvula de seguridad de la Amazonía» y por otros como el «Pulmón del mundo».
Gracias a las ANP y a los territorios indígenas (TI), se conservará parte del patrimonio natural amazónico y una porción de sus servicios ambientales fundamentales.