Ómnibus I: un retroceso inadmisible en la protección de derechos humanos y medio ambiente

El 16 de diciembre de 2025 fue un día oscuro para la justicia global. El Parlamento Europeo aprobó el paquete Ómnibus I con 428 votos a favor, 218 en contra y 17 abstenciones, desmantelando protecciones fundamentales de la Directiva sobre Diligencia Debida en materia de sostenibilidad empresarial (CSDDD) que apenas un año antes había logrado un avance histórico.

Desde Manos Unidas, compartimos la profunda preocupación expresada por nuestra alianza internacional CIDSE, y por la PER Plataforma por Empresas Responsables a la que pertenecemos a través de Enlázate por la Justicia y que engloba a 570 entidades de la sociedad civil: esta decisión supone un grave retroceso para las personas y comunidades que sufren las consecuencias de actuaciones empresariales irresponsables en todo el mundo.

Un proceso legislativo controvertido

El proceso que condujo a esta votación estuvo marcado por una tramitación apresurada y poco transparente, tal como denunció la Defensora del Pueblo Europeo. Bajo la presión de intereses corporativos de terceros países y la falsa promesa de mejorar la competitividad, el Parlamento Europeo ha cedido terreno ante la alianza entre el Partido Popular Europeo y la extrema derecha.

El resultado es una directiva profundamente debilitada que, en nombre de reducir cargas administrativas, sacrifica la protección de derechos humanos y medio ambiente.

Retrocesos inaceptables

Las modificaciones aprobadas representan un golpe directo y reducen la rendición de cuentas empresarial:

• Eliminación de planes de transición climática: las grandes empresas contaminantes ya no estarán obligadas a adoptar medidas concretas para reducir su impacto climático, precisamente cuando la acción es más urgente. Este giro protege de facto a los grandes contaminadores y socava la credibilidad de la UE como líder en acción climática.
• Responsabilidad civil desmantelada: se elimina el régimen armonizado de responsabilidad civil en toda la UE, creando un mosaico de 27 legislaciones nacionales fragmentadas que dificultan enormemente el acceso de las víctimas a la justicia. Las comunidades afectadas por daños ambientales o violaciones de derechos humanos enfrentarán ahora mayores obstáculos para obtener reparación.
• Desvinculación irresponsable: las empresas ya no están obligadas a terminar relaciones comerciales con socios que cometen abusos graves, incluso en casos de trabajo forzoso. Peor aún, quedan protegidas frente a responsabilidades cuando continúan vinculadas a estas violaciones.
• Participación limitada: se reduce drásticamente la definición de «partes interesadas», excluyendo a consumidores y organizaciones de la sociedad civil de procesos clave de consulta. Por lo tanto, las voces de quienes más sufren las actividades empresariales quedan silenciadas.

Una base sobre la que seguir construyendo

A pesar de los retrocesos, la CSDDD sobrevive y mantiene elementos fundamentales: establece obligaciones legales para que grandes empresas respeten los derechos humanos y al medio ambiente a lo largo de sus cadenas de valor globales, exige identificar, prevenir y reparar daños, y garantiza compensación plena a víctimas cuando las empresas sean declaradas civilmente responsables.

El papel crucial de España

Los Estados miembros tienen hasta julio de 2028 para transponer la directiva. Este proceso representa una oportunidad decisiva para corregir las carencias del texto europeo.

Desde Manos Unidas instamos al Gobierno español a liderar una transposición rápida, ambiciosa y efectiva que subsane las limitaciones aprobadas y garantice una protección real de los derechos humanos y el medio ambiente.

España debe demostrar que es posible mantener estándares elevados de responsabilidad, asegurando que ninguna empresa pueda beneficiarse de la explotación de personas o la destrucción ambiental, sea donde sea que opere.

Nuestro compromiso continúa

Manos Unidas seguiremos trabajando, junto a CIDSE, Enlázate por la Justicia y la PER-Plataforma por Empresas Responsables, para garantizar una implementación justa y coherente con el objetivo original de la directiva: prevenir y proteger a las personas, especialmente las más vulnerables, sus derechos y al planeta de las prácticas abusivas que puedan llevar a cabo algunas empresas.

Este no es el final del camino, sino un recordatorio de que la lucha por la justicia global requiere vigilancia constante y un compromiso inquebrantable.